jueves, 24 de mayo de 2012

Alternativas a los recortes SOCIALES

Los gobiernos que ha tenido España en los últimos cinco años han
promovido y promueven la percepción de que no hay alternativas a las
políticas de recortes de gasto público social, políticas que como
sabemos están afectando negativamente el bienestar y la calidad de
vida de la población y muy en particular de las clases populares.
Transferencias públicas como las pensiones y servicios públicos como
la sanidad, la educación, los servicios sociales, los servicios a las
personas con dependencia, las escuelas de infancia y muchas otras
están siendo objeto de recortes sustanciales con el objetivo de
reducir el déficit público y-según se nos dice-recuperar "la confianza
de los mercados".

Ahora bien, se ignoran otras medidas que de cara a conseguir los
fondos que se quieren obtener serían tan o más eficaces que estas
reducciones del gasto público. Veamos, pues, alternativas a los
recortes.

En su intento de ahorrar 1.500 millones de euros, los gobiernos
españoles han congelado las pensiones públicas. Pero estos gobiernos
podrían haber obtenido incluso más recursos mediante cada una de estas
medidas: mantener el impuesto del patrimonio que se eliminó (2.100
millones), lo que benefició predominantemente las rentas superiores;
anular la bajada de impuestos de sucesiones que ha tenido lugar
recientemente (2552 millones); revertir la bajada de impuestos a las
personas que ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones).
Ninguna de estas tres alternativas fue considerada.

Ahora el gobierno español ha exigido unos recortes en el gasto público
sanitario de una cantidad más que respetable (6.000 millones de
euros), que reducirá la calidad de estos servicios. El gobierno, sin
embargo, podría haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de
grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que
representan sólo el 0,12% de todas las empresas: de esta manera habría
recogido 5.300 millones de euros. Pero esta medida tampoco fue
considerada.

Otro ejemplo son los recortes del gobierno español de 600 millones de
euros en la financiación de los servicios domiciliarios a las personas
con dependencia (los servicios conocidos como el cuarto pilar del
bienestar). En lugar de estos recortes, el gobierno podría haber
eliminado las ayudas a la Iglesia católica para financiar la enseñanza
de la religión católica en las escuelas públicas (582 millones) o el
equipamiento militar en helicópteros Tigre, carros de combate y otros
vehículos (1.500 millones de euros).

El gobierno español intenta llegar a recortar en todos los servicios
públicos del subfinançat estado del bienestar español. El gasto
público social por habitante en España es la más baja de la Unión
Europea de los Quince (UE-15, el grupo de países más parecidos al
nuestro nivel de desarrollo económico), con una cantidad total de
25.000 millones de euros que deteriorará aún más la España social.
Estos recortes serían innecesarias si el estado español corrigiera el
fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas
citadas anteriormente (un fraude que llevan a cabo con la complicidad
de la banca), con lo que conseguiría 44.000 millones de euros a del
año. Según el sindicato de inspectores de la Agencia Tributaria de
España, las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más
de 150 millones de euros al año son las responsables del 72% de todo
el fraude fiscal en España . Repsol, por cierto, que ha intentado
movilizar a la opinión popular para que mostrara su enfado con el
gobierno argentino debido a su nacionalización en ese país, es una de
estas empresas que tienen sucursales en paraísos fiscales para evitar
pagar impuestos.

Para ingresar fondos en el Estado tampoco se han tenido en cuenta
alternativas que ya han sido aplicadas de manera exitosa en otros
países. Por ejemplo, en lugar de copagos sanitarios se podría
desarrollar un impuesto finalista para sanidad. Así lo ha hecho, y con
éxito, Canadá. Aplicando esta medida en España se podrían conseguir
6.900 millones de euros. O se podrían grabar impuestos especiales para
los beneficios bancarios, tal como ha sugerido incluso el Fondo
Monetario Internacional y tal como se hace en muchos países, y se
obtendrían casi 3.000 millones de euros, o se podría grabar con 5
euros cada quiere que salga de aeropuertos españoles, y se
conseguirían casi 1.000 millones de euros, o, como ocurre en
Finlandia, se podría modificar la cantidad pagada en multas (desde
tráfico hasta otras normas) según los ingresos del infractor , y se
recogerían 862 millones de euros.

Y así muchas otras medidas que ni siquiera han sido consideradas. En
España la manera de reducir el déficit ha sido predominantemente a
base de reducir un gasto público-incluyendo la social-ya muy poco
significativa. Esta fue la línea seguida cuando se redujo el déficit
público para responder a las exigencias del Tratado de Maastricht, que
estableció el euro, lo que ha mantenido un estado del bienestar poco
desarrollado.

En España, sólo un adulto de cada diez trabaja en los servicios
públicos del estado de bienestar. Si fuera uno de cada cuatro como
Suecia se crearían cinco millones de puestos de trabajo y eliminaría
esta desempleo tan elevada que padecemos. Y estos puestos de trabajo
podrían pagarse con los recursos sugeridos en este artículo.

FUENTE:
www.vnavarro.org

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